Diseña un sitio como este con WordPress.com
Comenzar

1er Encuentro AAF

Conclusiones del 1er Encuentro Nacional de la Agenda Ambiental Federal
El día 24 de Agosto de 2019, en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires,
un grupo cercano a los/as 50 profesionales de las ciencias ambientales de diversas procedencias
disciplinarias y de todas las regiones del país, autoridades universitarias nacionales, hombres y
mujeres de la gestión y la política vinculados/as al ambiente, y referentes de organizaciones
sociales, se dieron cita para discutir y conformar una primera Agenda Ambiental Federal de
propuestas de políticas públicas ambientales para el año 2020.
A partir de este grupo transdisciplinario y federal de participantes, se trabajó sobre las primeras
cinco (5) medidas de gobierno, vinculadas a la dimensión ambiental, que deberían tomarse para
incidir rápidamente en el sector. Luego se discutió sobre cómo hacer para acercar dos de las
esferas cruciales vinculadas a la dimensión ambiental: el sistema científico-tecnológico y la
política pública (i.e., mundialmente conocido como science-policy interface). Y por último se
analizó cuáles serían los instrumentos institucionales, legales, financieros, etc., necesarios para
lograr dicha articulación de forma efectiva y estratégica. Para ello se conformaron cuatro (4)
grupos, de aproximadamente 15-20 participantes cada uno, para trabajar estos temas en talleres.
Si bien los debates fueron muy diversos y ricos, existió un punto de acuerdo evidente entre los
grupos: se debe proclamar la protección ambiental en estrecho vínculo con el desarrollo
socio-productivo responsable como meta general insoslayable de las políticas públicas, para
garantizar la salud y el buen vivir de la población, los ecosistemas y los territorios que
cohabitamos.
SOBRE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS AMBIENTALES PARA EL 2020
Entonces, y ante la primera pregunta sobre ¿cuáles serían las políticas públicas en materia
ambiental que un proyecto político comprometido de igual forma con la justicia social y
ambiental debería encarar en los primeros meses de gobierno? las respuestas consolidadas de los
cuatro grupos fueron las siguientes:
Intensificación sustentable de la agricultura y transición agro-ecológica
● Revisión profunda e integral del modelo productivo de la agro-industria vigente, a partir de la
interacción y articulación entre los diversos actores involucrados y apelando al estado-del-arte en
materia científico-tecnológica.
● Evaluar y planificar las necesidades de expansión de la frontera agrícola, siempre en el marco del
ordenamiento ambiental del territorio y priorizando el bien común. La planificación de la expansión
de la frontera agrícola deberá partir desde un enfoque vinculado a la soberanía alimentaria; tendiendo
al fortalecimiento de los pequeños y medianos productores, y promoviendo (y defendiendo) los
procesos de cooperativización. Además, dicha planificación deberá contemplar la conservación de los
bosques, humedales, lagos, ríos y pastizales nativos, y los servicios ecosistémicos asociados, cuyo
retroceso en los últimos años ha sido cuantioso. Incluir en los análisis la dimensión climática como
forzante de los impactos derivados del avance de la frontera agrícola (ver más abajo)
● Fortalecer el desarrollo de la agro-ecología vía un sistema propicio de incentivos (e.g., certificaciones
estatales y subsidios estatales a los productores para lograr certificaciones internacionales más
convenientes).
● Planificar el uso sustentable del suelo, promoviendo una Ley de Conservación de Suelos. En este
sentido y en un primer momento, se deberá trabajar en pos de reemplazar progresivamente las
Hacia Agenda Ambiental Federal 2020
prácticas de monocultivos (en particular el de la soja; principalmente debido a las problemáticas
vinculadas al uso del territorio y los agroquímicos y fertilizantes empleados), e incentivar los
policultivos.
● Implementar un sistema de monitoreo y gestión de “buenas prácticas agrícolas”, en los que, e.g., se
den rotaciones de cultivos anuales con el objetivo de limitar los monocultivos e incluir en la rotación
cultivos de biomasa mayor, como el maíz, para evitar más pérdidas de materia orgánica de los suelos.
● Incentivar la inclusión de cultivos de cobertura invernales para mantener o aumentar los niveles de
materia orgánica y/o nutrientes como el nitrógeno en el caso de las leguminosas.
● Entender al territorio rural (i.e., el agro-ecosistema) como sujeto de derecho, tal y como lo es el
espacio urbano. De esta manera las decisiones de manejo serán en favor del bien común1.
Ordenamiento territorial integral, ciclo hidrológico y cambio del uso del suelo
● Impulsar los mecanismos tendientes a realizar un ordenamiento ambiental del territorio (sensu Ley
25.675) que involucre de manera integrada el conjunto de ecosistemas terrestres y acuáticos y los
usos de la tierra (de forma no-sectorial y como eje articulador de lo local, regional y nacional). La
dirección de esta tarea deberá quedar a cargo de un organismo que no esté involucrado con ningún
sector productivo particular, sin perjuicio de que participen todos los sectores involucrados de manera
democrática. El ordenamiento debiera incorporar conceptos tales como: paisajes multifuncionales,
planificación estratégica del uso y manejo de la tierra, y una estrategia nacional de conservación de
la biodiversidad. La política de tierras debe abordarse de lleno para atacar las causas subyacentes a
muchos de los problemas socio-ambientales.
● Implementar un enfoque de economía circular para el reciclaje de materia en las ciudades,
atendiendo, por ejemplo, el saneamiento de las cuencas degradadas (e.g., Matanza, Reconquista,
Luján, Salí Dulce).
● Entender al bien natural común «agua» en términos integrales, lo que permitirá un mejor
aprovechamiento y manejo por parte de los Estados (nacional, provinciales y municipales).
● Evaluar los problemas ambientales a escala de cuenca e inventariar los mismos a nivel nacional para
establecer prioridades e intervenir a escalas intermedias (i.e., cuencas, paisajes).
● Abordar integralmente el derecho al agua potable como política de Estado, atendiendo
principalmente a los ambientes urbanos y peri-urbanos en donde vive el 90% de la población
argentina.
● Aportar soluciones posibles a los problemas asociados al exceso hídrico y compactación de los suelos
causados por el cambio de uso del mismo (e.g., vinculado a la siembra directa) para evitar las
inundaciones, la erosión hídrica y para lograr mejor eficiencia del uso del agua de lluvias para la
producción de alimentos.
● Realizar una revisión profunda y establecer mecanismos de fortalecimiento de: los Comités de
Cuenca, el Instituto Nacional del Agua (INA; hoy actúa como una consultora privada) y sus oficinas
en las localidades, el Consejo Hídrico Federal (COHIFE) y el Servicio Meteorológico Nacional (i.e.,
125 estaciones operativas distribuidas por todo el país).
Pesca
Si bien el sector de la pesca a nivel nacional es una área que merece desde hace décadas una
reformulación profunda, durante los últimos 4 años se ha visto muy afectado por la hiperneoliberalización
de la economía y las (des)regulaciones estatales. Esto ha 1 E l a n t e p r o y e c t o d e l e y d e p r e s u p u estos mínimos para la conservación de la diversidad hbeioclhógoi crae terxocclueydee ra llaoss
sistemas cultivados como parte del patrimonio común de la Nación. Esto debe modificarse.
Hacia Agenda Ambiental Federal 2020
pocas medidas soberanas (y de manejo sustentable) que existían en la materia. Por lo tanto, es
urgente desandar ese camino, para ello habrá que hacer frente a lo siguiente:
● Revisar el esquema regulatorio de la pesca, de forma integral y federal.
● Reformular el Consejo Federal Pesquero y el INIDEP: revisar sus objetivos, misiones, visiones,
formas de gobierno y la ubicación de ambas instituciones en el organigrama general del Estado
Nacional. En este sentido, es estratégico lograr una incorporación efectiva en el manejo pesquero del
conocimiento generado en los laboratorios públicos que trabajan sobre organismos marinos de interés
comercial. Vale recordar que en el 2012 se realizó un proyecto para revisar dicho modelo de manejo
pesquero “Apoyo al Consejo Federal Pesquero para la formulación de la política de investigación
pesquera y aplicación tecnológica en la pesca en la República Argentina” (UTF/ARG/018/ARG,
CFP/FAO) aunque sin grandes resultados.
● Diseñar un proceso de transferencia de recursos fiscales de la pesca de gran escala (industrial) para
financiar el desarrollo de la pesca artesanal desde una abordaje federal.
● Implementar el Enfoque Ecosistémico de la Pesca (EEP) en las pesquerías argentinas, tendiendo al
fortalecimiento del rol y la presencia del Estado y controlando la participación de ONGs y el sector
privado.
● Diseñar medidas tendientes a la reducción en la captura incidental de especies acompañantes y,
además, evaluar su posible utilización para disminuir el descarte pesquero y sus problemas asociados.
● Desarrollar planes de manejo, basados en el EEP, para los principales recursos pesqueros nacionales
(e.g., merluza, calamar, langostino, etc.).
● Diseñar un plan de desarrollo de una flota nacional de pesca (favoreciendo a los astilleros nacionales),
para comenzar a restringir los permisos de pesca en manos de privados de manera gradual y
progresiva.
● Relanzamiento del Programa Pampa Azul y aplicación plena de la Ley PROMAR.
● Establecimiento de nuevas áreas marinas protegidas y revisión de los planes de manejo y gestión de
las existentes, tendiendo a fortalecer la presencia del Estado y controlando el rol de las ONGs en su
gobernanza.
● Fortalecer el control de los recursos pesqueros, e.g., a partir de la puesta en valor y el fortalecimiento
del Sistema de Hidrografía Naval (i.e., cuenta con 45 faros con personal) y la Prefectura Naval
Argentina. A su vez, generar los instrumentos necesarios para que el organismo recupere, sistematice,
automatice y ponga a disposición pública los datos mareológicos a lo largo de la costa argentina.
Conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos
● Impulsar, en los primeros meses, la elaboración de un diagnóstico profundo de la situación ambiental
de la Argentina, en términos de los servicios ecosistémicos, la capacidad de provisión (o deterioro) de
los mismos, y analizar la apropiación de dichos servicios por parte de los distintos actores
involucrados. Y, a su vez, impulsar un diagnóstico sobre el estado de situación de la información
ambiental (i.e., existencia, disponibilidad y acceso).
● Fortalecimiento de la aplicación de la Ley Bosques: partir de un diagnóstico crítico de lo que fue su
aplicación hasta la actualidad, se deberá planificar la modificación en la aplicación, tendiendo a
mejorar los indicadores de conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, así como la
mejora conjunta de los indicadores socio-económicos de las comunidades locales/regionales.
● Revisar la situación actual, estadísticas y aspectos legales sobre la comercialización y exportación de
la fauna silvestre: existen las herramientas, ya empleadas, que habría que revalorizar. Se debería retipificar
como «delito complejo» (revisar la cuestión en el Código Penal).
● Desarrollar un plan de fortalecimiento de la Administración de Parques Nacionales (APN), partiendo
del sostenimiento de dicha cartera en el área de Ambiente del Estado Nacional, y trabajando
fuertemente en hacer retroceder la avanzada neoliberal (e.g., Programa de «Oportunidades Naturales»,
Hacia Agenda Ambiental Federal 2020
el incremento en el rol de las ONGs en los procesos de gobernanza, etc.) en APN de los últimos
cuatro años.
● Revisión de normativas, planes de manejo y ampliación del Sistema Federal de Áreas Protegidas
(SIFAP), y diseño de planes de desarrollo de corredores ecológicos para contrarrestar la
fragmentación de los paisajes eco-regionales y sus ecosistemas; y desarrollo de protocolos para la
erradicación o control de invasiones biológicas, entre otros. Esto último puede apuntalar la promoción
del desarrollo del país a través de dos funciones fundamentales: su contribución al desarrollo socioeconómico
local y regional y la conservación del patrimonio natural y cultural (o biocultural).
Cambio climático
Los efectos derivados del calentamiento global, sinergiza las acciones (e.g., cambios de uso del
suelo, patrones de extracción y consumo) que se desarrollan regional y localmente. Es necesario
que en la Argentina realicemos acciones para enfrentar el cambio climático. Estas acciones
deben derivar de nuestro propio modo de vida y no importando modelos de los países
desarrollados. Las prioridades socio-económicas de la población argentina son diferentes a la de
países europeos o norteamericanos. Nuestras ciudades y regiones tienen sus propias
vulnerabilidades y exposición diferencial a los efectos al cambio climático. Debemos trazar
nuestra propia hoja de ruta: la acción climática puede transformarse en un eje de gestión
integrador en los gobiernos locales, siempre acoplado a un modelo de país inclusivo, generador
de empleo y ambientalmente justo, que debe trascender a los gobernantes de turno, como
verdaderas políticas de Estado.
● Fortalecer los mecanismos existentes desarrollados para adaptación, mitigación y remediación de los
efectos derivados del cambio climático y estimular la prosecución de los programas elaborados con
adecuación a la situación actual.
● Integrar los avances en ordenamiento ambiental del territorio, particularmente en temas vinculados al
avance de la frontera agrícola con propuestas de adaptación, mitigación y remediación frente a los
cambios derivados del calentamiento global.
● Involucrar a los gobiernos locales/municipales en las acciones de adaptación, mitigación y
remediación del cambio climático que sean necesarias en cada una de las localidades y que surjan de
iniciativas locales.
SOBRE LAS MEJORAS INSTITUCIONALES
Luego se trabajó sobre el eje vinculado a las mejoras institucionales, intentando responder a las
siguientes preguntas: ¿cómo creen que se podría potenciar la interacción entre el sistema
científico-tecnológico especializado en problemáticas ambientales, y el desarrollo, aplicación y
monitoreo de políticas públicas para el sector? ¿Con qué herramientas o instituciones? ¿Qué
dificultades se encuentran en la actualidad? ¿Cómo se podría sortearlas? Aquí debajo se presenta
la síntesis de lo discutido en torno a estas preguntas:
Jerarquización del sector a través de la (re)creación del Ministerio de Ambiente
● La restitución de este Ministerio permitiría que dicha cartera pueda discutir las problemáticas
ambientales (de gran transversalidad) de igual a igual en las reuniones del Gabinete de Ministros,
incorporando la dimensión ambiental en las políticas públicas en temáticas relevantes (e.g., industria,
Hacia Agenda Ambiental Federal 2020
agro, pesca, minería, energía, hidrocarburos, etc.); y garantizando la representación del tema
ambiental en todos los organismos públicos vinculados a la toma de decisiones.
● Al re-jerarquizar al ambiente con un organismo con rango de Ministerio se podrá apuntalar la misión
de vincular la justicia social y ambiental para, entre otras cosas, mejorar la efectividad de la
implementación de las leyes vigentes (e.g., Ley de Bosques, Ley de Glaciares, Ley de
Arrendamientos), impulsar nuevas leyes en materia ambiental (e.g, Ley de Humedales, Ley de
Conservación de Suelos) y el fortalecimiento de programas exitosos que han sido desfinanciados por
la actual gestión de gobierno nacional (e.g., Agricultura Familiar).
Creación de una Agencia Federal de Protección Ambiental (AFPA)
● Esta institución permitiría la articulación entre la Nación y las jurisdicciones provinciales (y
municipales) para el diagnóstico y resolución de problemáticas locales, estando por encima de las
estructuras ejecutivas y legislativas de cada provincia, de modo tal que se agilicen los acuerdos de
trabajo y la implementación de planes federales tendientes a la resolución de problemáticas
ambientales, que exceden los límites provinciales, dentro de un período de tiempo razonable.
● La AFPA debe constituir el nexo entre los organismos de ciencia y tecnología y la gestión del
ambiente, y articular directamente con el organismo político encargado de la gestión ambiental (i.e.,
Ministerio de Ambiente) y con el COFEMA. Además, aportará la información técnica para vincular
la gestión política del ambiente con la legislación.
● La AFPA deberá gestionar un Sistema Federal de Información Ambiental (i.e., como instrumento
contemplado en la Ley General del Ambiente), mediante la integración de los datos e información
ambiental existente de manera sectorial o regional, identificar vacíos de información y generar
información o establecer los mecanismos necesarios para su generación. Por otra parte, la AFPA
establecerá los criterios y valores umbrales de parámetros aceptables de riesgo o deterioro ambiental.
La información gestionada por el AFPA deberá estar disponible públicamente.
● La AFPA requerirá de la creación de un Cuerpo de Policía Ambiental (similar a la Policía de
Seguridad Aeroportuaria) que fiscalice y monitoree las acciones destructivas o de degradación de
particulares sobre el ambiente, que tenga estrecha vinculación con los organismos de gestión técnica y
política del ambiente.
Promoción de mejoras integrales al sistema normativo ambiental
En muchos casos existe un vacío legislativo (o reglamentario) que impide acciones concretas. En
otros, la Constitución Nacional de 1994 le quita facultades al Estado Nacional sobre la capacidad
de protección de los bienes (o recursos) comunes naturales (i.e., problemas de gobernanza interjurisdiccional
entre provincias, municipios y Nación). Es por esto que lo primero que se requiere
en materia ambiental es la realización de un gran Pacto Ambiental Federal entre las provincias y
la Nación, para comenzar a subsanar lo relacionado a la gobernanza inter-jurisdiccional de los
bienes comunes naturales. Luego, potenciar el rol del Consejo Federal de Medio Ambiente (i.e.,
COFEMA; organismo que no está generando grandes avances también por problemas de
gobernanza; e.g., Protocolo de Nagoya), asignando mejoras en las partidas de recursos materiales
y humanos (e.g., enfocar al sistema científico-tecnológico a trabajar en esta tarea).
● Avanzar en una Ley de Ordenamiento Ambiental del Territorio que dé marco para que las provincias
y municipios avancen, entre otras cosas, en mapas de uso del suelo en clave de obligación y no de
incentivos. Es necesario que la adecuada gestión del territorio se dé en respuesta a penalizaciones por
Hacia Agenda Ambiental Federal 2020
incumplimiento de la legislación y no en base a beneficios que respondan a intereses políticos o
económicos locales.
● Promover la creación de leyes de presupuestos mínimos para (i) la regulación del uso de
agroquímicos y (ii) el ordenamiento ambiental del territorio sobre todos los espacios rurales,
periurbanos y urbanos, y (iii) la conservación de la diversidad biológica (existe un ante-proyecto que
puede usarse como punto de partida).
● Reglamentar la Ley General del Ambiente y poner en valor a las leyes ambientales existentes (i.e.,
reglamentar, revisar reglamentaciones, asignarles recursos materiales y humanos, etc.).
● Remover mecanismos que desincentivan la participación de investigadores en gestión, extensión y
vinculación tecnológica; e incentivar la participación de investigadores y docentes en la gestión a
distintos niveles administrativos (municipios, provincias y Nación).
● Establecer la asistencia del sistema de científico-tecnológico como consultoría/auditoría obligatoria y
por definición para las evaluaciones de impacto ambiental (y similares).
● Fortalecimiento de las capacidades técnicas de las autoridades locales de aplicación (organismos
provinciales de control como e.g., el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) de
la Provincia de Buenos Aires) de las leyes vigentes. En este sentido, incorporar en los entes públicos a
personas con formación específica en ciencias ambientales y que la misma sea por concurso.
● Crear organismos intermedios, convenios, y acuerdos que actúen en la interfaz entre ciencia y
política. En este sentido se entiende que un muy buen comienzo sería el fortalecimiento y revisión de
roles de instituciones como el INTI o Y-TEC, mejorando sus sectores vinculados a la dimensión
ambiental.
SOBRE LA TRANSVERSALIDAD EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS AMBIENTALES
Es importante que la cuestión ambiental sea algo transversal a la agenda pública, para evitar las
políticas contradictorias desde el Estado. Por ejemplo, hoy existe una Estrategia Nacional sobre
Especies Exóticas Invasoras para su manejo y/o erradicación, al mismo tiempo que el Ministerio
de Agricultura fomenta la cría de peces exóticos invasores. Vale aclarar que la acuicultura es la
primera causa de invasiones biológicas acuáticas y que, a su vez, está entre las principales causas
de pérdida de la biodiversidad mundialmente reconocida, generando enormes pérdidas
económicas. Por lo tanto, y respecto a la transversalidad de las políticas ambientales, será
necesario atender a los siguientes puntos:
● Alinear las políticas públicas a los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) de la Agenda 2030 de
las Naciones Unidas: Argentina suscribe a esta agenda y, por lo tanto, resulta importante avanzar en
la articulación de las políticas públicas a fin de cumplir como país con los compromisos
internacionales asumidos. Promover acciones concretas a partir del diálogo transdisciplinario e
intersectorial.
● Trabajar fuertemente en la recuperación de la soberanía de nuestros bienes comunes naturales como
primera medida (e.g., tierras, YPF (Vaca Muerta), minas, pesca, etc.).
● Implementar mecanismos de financiamiento de las políticas públicas de ambiente (al igual que en
salud, educación, entre otras) a partir de, por ejemplo, la implementación de impuestos redistributivos
o aplicación de cuotas y retenciones a los productos derivados de las actividades productivas de
naturaleza extractiva.
● Además del trabajo con los 24 gobernadores, vehiculizar a través de los Senadores y Senadoras de la
Nación la multiplicación de la “mirada ambiental” contenida en este documento, para impulsar los
cambios profundos requeridos a nivel de las Provincias.
● Potenciar, desde la articulación entre los tres niveles del Estado, las políticas de arraigo como
resguardo primario de los bienes comunes naturales.
Hacia Agenda Ambiental Federal 2020
● Finalmente, se consideró necesaria la creación de un organismo supra-ministerios (e.g., del estilo de
la Unidad Especial del Bicentenario), posiblemente coordinado a nivel de Jefatura de Gabinete de
Ministros, que permita la articulación entre los ministerios y las entidades públicas de ciencia y
tecnología, tales como CONICET, CIN, INTA, INTI, INIDEP, etc.
Para terminar, y teniendo muy presente que lo que sigue constituye una cuestión para el mediano
y largo plazo, se discutió sobre la importancia de generar transformaciones profundas en el
sistema educativo nacional respecto a la educación ambiental. En este sentido, se pensaron las
siguientes propuestas:
● Fortalecer la formación docente, especialmente la de formadores de formadores, en materia ambiental
en todos los niveles educativos, y jerarquizar la profesión docente a través de diversas medidas tales
como una mejora salarial y de las condiciones materiales de trabajo, una mejora en la formación, una
participación activa en la elaboración de reformas educativas, etc.).
● Propiciar una revisión y eventual reforma curricular en los niveles inicial, medio y superior, tendiente
a una mejora en la inclusión de las principales temáticas ambientales que resulte coherente con las
políticas públicas ambientales llevadas adelante por el gobierno federal.

Anuncio publicitario
A %d blogueros les gusta esto: