Diseña un sitio como este con WordPress.com
Comenzar

Manifesto Constitutivo

AGENDA AMBIENTAL FEDERAL

Por un cambio de paradigma en el cual la conservación del patrimonio biocultural sea entendida como una de las bases indispensables para lograr la justicia socio-ambiental, y sea incorporada en políticas públicas que promuevan la igualdad y la vida digna de todos los cohabitantes del territorio argentino.

            El día 24 de Agosto de 2019, en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, un grupo cercano a los/as 50 profesionales de las ciencias ambientales de diversas procedencias disciplinarias y de todas las regiones del país; autoridades universitarias nacionales; hombres y mujeres de la gestión y la política vinculados/as al ambiente; y referentes de organizaciones sociales; se dieron cita para discutir y conformar una primera Agenda Ambiental Federal de propuestas de políticas públicas ambientales. Así, la Agenda Ambiental Federal buscará constituirse como un espacio en donde la comunidad académica, políticamente organizada, propicie la justicia socio-ambiental en la Argentina y la región. En este sentido, trabajaremos como una red federal efectiva, a partir de abordajes transdisciplinarios, socio-ecológicos, y prestando particular énfasis en la detección y resolución de problemáticas socio-ambientales locales, y en la potenciación de la articulación entre el sistema científico-tecnológico y la política (i.e., los tomadores de decisión).

            El paradigma socio-económico dominante, global -y globalizante-, de claro corte colonialista, neo-feudal, extractivista y patriarcal, desintegra y homogeniza, en una breve coyuntura histórica, sistemas complejos constituidos a través de milenios de coevolución entre procesos ecológicos e históricos. Este paradigma, genera condiciones propicias para que una minoría se apropie de (y/o tome decisiones sobre) los bienes comunes (o sus derivados), es decir, de aquellos bienes que se producen, se heredan o se transmiten en una situación de comunidad y que conforman el patrimonio biocultural que comparten las mayorías de un pueblo. Si este patrimonio se acapara o se pierde, las mayorías se empobrecen y las comunidades se desintegran y homogenizan, quedando despojadas de la capacidad de reproducir la vida en forma autosuficiente, digna y soberana. Es por esto que, como comunidad organizada, manifestamos que es urgente y necesario cambiar este paradigma, socio-ambientalmente insostenible, por uno en el cual la conservación del patrimonio biocultural debe erigirse como una de las bases indispensables para lograr la justicia socio-ambiental, y sea incorporada en políticas públicas que promuevan la igualdad y la vida digna de todos los cohabitantes del territorio argentino.

            El concepto de patrimonio biocultural reconoce la pluralidad de sistemas de valores, respetando a aquellos que orientan las acciones individuales y colectivas de modo que garanticen la existencia de ese patrimonio para las generaciones futuras. Este respeto entre sistemas de valores permite dimensionar la urgencia de la conservación del patrimonio biocultural de la Nación y la magnitud de los sufrimientos desiguales -por estrato social, región del país, género, edad, etc.- que produce su pérdida entre los ciudadanos y ciudadanas. Es decir, la pérdida de patrimonio biocultural, según cada ciudadano/a, puede implicar diversos sufrimientos aumentando la inequidad eco-social. Por ejemplo, a través de la pérdida -o empobrecimiento- de los servicios ecosistémicos, de soberanía alimentaria, del sistema de cuidado de la salud, de alternativas para superar eventos impredecibles, de certidumbre, de felicidad y bienestar social, de identidad y cultura, de significancia de la vida, etc.

            Además, la conservación del patrimonio biocultural constituye una de las bases necesarias para garantizar la justicia socio-ambiental, ya que reconoce la pluralidad de paisajes, culturas y formas de entender, valorar y habitar el mundo. Basándose en una racionalidad de inclusión, equidad y complejidad, el concepto de patrimonio biocultural reconoce la posibilidad del pensamiento propio, diversas formas de derechos de propiedad (comunitaria, estatal, etc.) y el derecho a la existencia con dignidad de todos los cohabitantes. La conservación del patrimonio biocultural, gira en torno a la idea central de reproducción autosuficiente de los ecosistemas que garanticen la vida feliz y soberana de las comunidades extendidas, fortaleciéndose permanentemente los derechos y garantías sociales, económicas y ambientales. Esta definición promueve éticas del cuidado, el respeto y la responsabilidad al ambiente que cohabitamos, lo cual determina comportamientos humanos que garantizarán la regeneración del entramado completo de vidas en toda su complejidad y la sostenibilidad socio-ambiental a través de la construcción de consensos. Estas éticas ambientales eco-sociales, basadas, por ejemplo, en el buen vivir y en el respeto a todos los cohabitantes del territorio, se contraponen con la actual ética ambiental dominante que es consecuencialista, antropocéntrica e incluso monetarista.

            El concepto de patrimonio biocultural de la Nación se diferencia radicalmente del concepto de capital natural, puesto que reconoce que los bienes que conforman ese patrimonio biocultural: a) son bienes comunes, es decir, no pueden ser privatizados, depredados o apropiados, así como tampoco unilateralmente administrados; b) no son bienes transables; y c) son bienes que no pueden ser recreados, por lo cual su pérdida es irreversible y, en consecuencia, requieren protección especial por la legislación. Esta protección especial implica que el Estado debe garantizar los recursos necesarios para el mantenimiento y vigilancia de ese patrimonio, pero, además, que exista legislación eficiente y eficaz para evitar o desatar los diversos procesos de cercamiento que se ejercen sobre dichos bienes comunes. Es decir, evitar que aquellos bienes que esencialmente son comunes (por ejemplo, la biodiversidad, el germoplasma, la fertilidad del suelo, el agua o los conocimientos tradicionales) sean apropiados y transformados en mercancías.            La dimensión política es la única vía para administrar los intereses colectivos, por lo cual, deberán desarrollarse programas de Estado que, considerando este nuevo paradigma, incluyan a todos los actores sociales (pluriculturales), visibilicen a los oprimidos y oprimidas, y les permitan una igualdad real de oportunidades, considerando ésta y las futuras generaciones en todas las decisiones que se tomen. Porque si la justicia social no es intergeneracional, y por ende ambiental, no es justicia social.

Anuncio publicitario
A %d blogueros les gusta esto: